La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y la Asociación Nacional de Transportes Portugueses (ANTP) han acordado establecer un frente común de rechazo ante la pretensión de los Gobiernos español y portugués de fijar un impuesto por el uso de las autovías.

En un comunicado, Fenadismer indicó que el Gobierno luso publicó un decreto ley para poner en marcha el sistema de cobro de la tasa obligatoria por el uso de las actuales autovías portuguesas libres de pago, que entrará en vigor el próximo mes de noviembre, y que afectará a los transportistas y resto de ciudadanos españoles, ya que se exigirá a toda categoría de vehículos.

En concreto, la medida afectará, entre otras, en el Sur, a la autovía A-22 desde la frontera de Ayamonte (Huelva); en el Centro, a la A-23 y A-25 desde la frontera de Fuentes de Oñoro (Salamanca) y a la A-29 desde Aveiro a Oporto; y en el Norte, a la A-24 desde la frontera de Quintanilla (Zamora) y de Tui (Pontevedra).

Así, para transitar por estas autovías será obligatorio que el conductor español posea el dispositivo de pago de autopistas portuguesas, denominado Vía Verde, o en caso contrario deberá adquirir en las fronteras un dispositivo electrónico imprescindible para el paso por las carreteras portuguesas. El importe establecido oscila entre los 0,13 euros por kilómetro para camiones y los 0,04 euros para vehículos turismo.

Fenadismer recordó que el Gobierno español "ha reconocido que en la actualidad está estudiando el posible establecimiento de una medida similar en las carreteras españolas (lo que se denomina euroviñeta)".